El alcance de la responsabilidad
Source: Portafolio.co
Las normas colombianas son claras. De acuerdo con la Ley 1339 de 2009, las empresas que prestan servicios asociados al turismo -aerolíneas, hoteles, hostales, restaurantes y operadores- tienen la obligación de autorregularse para prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (Escnna). Los establecimientos no sólo deben tener mensajes explícitos y visibles que sirvan como detractores a cualquier abuso sexual infantil, sino que deben acompañar estos mensajes con protocolos claros para el manejo de cualquier violación de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Por el servicio que prestan y su interacción directa con los clientes, las empresas del sector son responsables de evitar la Escnna en sus establecimientos y son corresponsables de cualquier caso que ocurra en su establecimiento.
A pesar de que la responsabilidad de la vigilancia de los lineamientos de prevención es del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de las autoridades locales, el compromiso de las empresas en este caso no es sólo de medios es de resultados. Los castigos por no cumplir con los mecanismos de prevención implican el cierre temporal del establecimiento, pero el de permitir por acción u omisión la Escnna en un establecimiento de turismo llegan hasta la extinción de dominio y la responsabilidad penal de los dueños.
Algunos podrían decir que exigir una responsabilidad de resultados a una empresa de algo que tiene que ver con la justicia penal es excesivo, pero en este caso, tiene todo el sentido. Una empresa que no cumpla protocolos estrictos para evitar la Escnna es por omisión, una empresa que puede llegar a lucrarse de esa explotación es responsable de los hechos.
Es imposible que el Estado esté en todas partes, que haya un policía de turismo o infancia por cada viajero, pero sí es posible que los establecimientos de turismo, cuya licencia la otorga el Estado, se hagan cargo de su responsabilidad y sean castigados cuando no la cumplen y terminen directa o indirectamente beneficiándose de la explotación sexual, ello involucra comercial y penalmente al establecimiento.
En Colombia, la prevención de las violencias contra niños y niñas es responsabilidad de todos los adultos. No denunciar un caso, nos hace cómplices. Hacernos los de la vista gorda, nos convierte también en criminales. En casos como el del presunto pederasta Timothy Alan Livingston, deberá pagar él y los que dejaron la puerta abierta para que pudiera abusar a dos niñas.
Pero debemos hacernos responsables todos los adultos que no hemos sido suficientemente diligentes en proteger a los niños y niñas. Y nos cabe la pregunta, ¿por qué explícitamente Colombia no prohíbe la entrada de estadounidenses catalogados como delincuentes sexuales (sex offenders)? ICE y el Angel Watch Center ya colaboran con varios países de la región, incluyendo Costa Rica y perfectamente pueden hacerlo con nosotros.
CRISTINA VÉLEZ VALENCIA
Decana Escuela de Administración, Universidad Eafit