Fiscalía y Congreso de Perú enfrentados por leyes consideradas inconstitucionales

Source: infobae

Lima, 14 jun (EFE).- Una serie de proyectos de ley y normas aprobadas por el Congreso en los últimos días han generado un abierto enfrentamiento con el Ministerio Público que le exige respeto a la Constitución y a la separación de poderes en un pronunciamiento público.

La Junta de Fiscales Supremos y los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores del país manifestaron, en concreto, su rechazo a un proyecto de reforma constitucional que declara en reorganización a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la Judicatura peruana, y al Ministerio Público.

Además, rechazaron los planteamientos para crear una Escuela Nacional de la Magistratura y para modificar el Código Procesal Penal "para fortalecer la investigación del delito, como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales".

Los fiscales señalaron que estas propuestas legislativas "colisionan contra el orden constitucional" y con "los valores y principios democráticos que sustentan la existencia y funciones asignadas al Ministerio Público".

También exhortaron al Poder Ejecutivo "a cumplir su función de control de legalidad y constitucionalidad de los proyectos que se envíen para su promulgación".

A su turno, el Congreso emitió un comunicado en el que rechazó "contundente y categóricamente" la posición de los fiscales.

"Exigimos respeto a la labor parlamentaria en arreglo al principio de separación de poderes. Los congresistas de la república velan por el respeto a la Constitución y las leyes", señaló el Parlamento.

Este enfrentamiento se produce, además, después de que el Parlamento aprobó, en primera votación, un proyecto de ley que impide procesar los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos ocurridos en el país antes de 2002.

La Junta de Fiscales Supremos emitió un comunicado en el que señaló que este proyecto "resulta inviable jurídicamente" porque "la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles".

Por ese motivo remarcó que, de aprobarse, se "generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares".

Detalló que se tendría que declarar "la prescripción de acción penal en aproximadamente 600 casos", y mencionó entre los más emblemáticos la masacre de El Frontón, Barrios Altos, Madre Mía, Cantuta-Pativilca, Putis y Accomarca.

Advirtió que "se estaría afectando a más de 550 víctimas, y a un número muy considerable de los familiares de estas, y a la sociedad en su conjunto que tienen el derecho a conocer la verdad".

El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), líder histórico del fujimorismo, fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, a raíz de dos matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, y actualmente, a pesar de haber sido indultado y excarcelado, sigue siendo procesado por otra masacre atribuida al Colina. EFE